Senador camporista reclama aplicación de la ley de prohibición de celulares en escuelas de Lomas de Zamora
Un legislador provincial de La Cámpora cuestionó la falta de implementación efectiva de la normativa que prohíbe el uso de teléfonos móviles en establecimientos educativos bonaerenses. La iniciativa tiene impacto directo en escuelas de Villa Fiorito, Ingeniero Budge y Villa Centenario.
Un senador provincial cercano a La Cámpora reclamó que se aplique de manera efectiva en el territorio bonaerense la ley que prohíbe el uso de celulares en las escuelas. El reclamo adquiere relevancia local en el partido de Lomas de Zamora, donde establecimientos educativos de Villa Fiorito, Ingeniero Budge y Villa Centenario forman parte del sistema provincial.
La norma, sancionada hace varios años, establece la prohibición del uso de dispositivos móviles durante el horario escolar en todos los niveles de la educación pública y privada. Sin embargo, su aplicación efectiva ha sido irregular según el legislador, quien presentó un pedido de informes para conocer las razones de esa demora.
El senador camporista argumentó que la falta de implementación genera distracciones en el proceso de enseñanza y afecta la convivencia dentro de las aulas. En barrios como Villa Fiorito e Ingeniero Budge, donde muchas familias dependen de la escuela pública, la medida se considera clave para mejorar el rendimiento académico y reducir situaciones de conflicto.
Según el reclamo, las autoridades educativas provinciales no han avanzado con la misma celeridad en todos los distritos del conurbano. En Lomas de Zamora, directivos de escuelas secundarias de Villa Centenario y alrededores han manifestado dificultades para hacer cumplir la norma sin un respaldo explícito y uniforme desde la Dirección General de Cultura y Educación.
El pedido del legislador incluye un detalle de las acciones concretas que se están llevando adelante en cada región para capacitar a docentes y personal directivo. También solicita información sobre si existen sanciones previstas para quienes no cumplan con la prohibición y si se ha previsto algún mecanismo de resguardo de los equipos mientras los alumnos permanecen en el establecimiento.
En Villa Fiorito y Budge, donde la densidad poblacional es alta y los índices de vulnerabilidad social son significativos, la aplicación estricta de la ley se ve como una herramienta para fortalecer el rol de la escuela como espacio de concentración y aprendizaje. Padres y docentes consultados en el último año coincidieron en que los celulares generan interrupciones constantes y exponen a los estudiantes a contenidos no adecuados para su edad.
La ley provincial establece que los establecimientos deben contar con espacios seguros para que los alumnos depositen sus teléfonos al ingresar, pero en muchos casos esa infraestructura no existe o no se ha adecuado. El senador camporista insistió en que el Ejecutivo bonaerense debe avanzar en la reglamentación y en la asignación de recursos específicos para que la norma no quede solo en el papel.
Desde la cartera educativa provincial se ha respondido en ocasiones anteriores que la responsabilidad recae en cada comunidad educativa y que la ley deja margen para adaptaciones locales. Sin embargo, el legislador considera que esa visión diluye la obligatoriedad de la medida y genera desigualdades entre distritos.
En Lomas de Zamora, el debate se reabre en un contexto donde varios establecimientos de Villa Centenario y Fiorito ya implementan de hecho restricciones al uso de celulares, aunque sin un marco normativo uniforme que les brinde respaldo ante posibles reclamos.
El pedido de informes presentado en la Legislatura provincial busca obtener datos concretos sobre el grado de cumplimiento en los 135 partidos bonaerenses, con especial atención a los del sur del conurbano. La respuesta oficial permitirá evaluar si existen diferencias en la aplicación entre regiones y qué obstáculos técnicos o administrativos impiden una ejecución plena de la ley.
Mientras tanto, en las escuelas de Ingeniero Budge y Villa Fiorito continúan los debates internos entre equipos directivos, docentes y familias sobre la mejor forma de regular el uso de la tecnología sin generar conflictos innecesarios. La posición del senador camporista refuerza la idea de que la prohibición debe ser clara, uniforme y con mecanismos de control verificables.