La Justicia embargó cuentas del Ministerio de Salud por deuda de $828 millones

Un juzgado federal ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Ministerio de Salud de la Nación debido a una deuda de 828 millones de pesos que mantiene con el Cottolengo Don Orione.

La medida judicial se dispuso para garantizar el pago de prestaciones realizadas por la institución, que atiende a personas con discapacidad y adultos mayores en situación de vulnerabilidad. El monto adeudado corresponde a facturas por servicios de internación y atención integral que no fueron canceladas en tiempo y forma.

Según los antecedentes del caso, la deuda se acumuló durante varios meses y motivó una demanda judicial por parte de la entidad religiosa. El Cottolengo Don Orione es una organización con larga trayectoria en el país dedicada al cuidado de sectores sociales desprotegidos.

El embargo fue trabado por el juez a cargo del expediente, quien dispuso la retención de fondos hasta cubrir el monto reclamado. Esta medida afecta directamente las cuentas operativas del Ministerio de Salud.

La institución beneficiaria del embargo presta servicios en distintos puntos del país, incluyendo atención especializada en salud mental, rehabilitación y cuidados paliativos. El conflicto financiero pone en evidencia las dificultades que atraviesan algunas entidades del sector social para cobrar prestaciones ya brindadas.

Hasta el momento no se registraron declaraciones oficiales del Ministerio de Salud respecto de la deuda ni de los plazos en que podría regularizarse la situación. La orden judicial busca asegurar el cobro de lo adeudado sin interrumpir el normal funcionamiento de las cuentas, aunque en la práctica genera complicaciones administrativas.

El caso se enmarca en un contexto de reclamos recurrentes de prestadores de salud y entidades de bien público por demoras en los pagos por parte del Estado nacional. El Cottolengo Don Orione había iniciado acciones judiciales previas para intentar resolver la situación de manera administrativa, sin éxito.

La resolución judicial es de cumplimiento inmediato y obliga al Ministerio a priorizar el pago de esta obligación por sobre otros compromisos, según indicaron fuentes vinculadas al expediente. El monto exacto de 828 millones de pesos surge de la liquidación presentada y aprobada en el marco del proceso.