Apartaron preventivamente al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar preventivamente al juez Ernesto García Maañón, titular de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro.

La medida se adoptó en el marco del proceso de jury iniciado en su contra por un total de seis cargos. El magistrado ya se encontraba de licencia por disposición de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, por lo que el apartamiento preventivo refuerza esa situación mientras se analiza la prueba y se resuelve sobre su responsabilidad.

El jurado está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, e integrado por conjueces abogados e integrantes del Poder Legislativo. El proceso continuará ahora con la producción y valoración de las pruebas presentadas en cada uno de los puntos de la acusación.

El caso se inició en julio de 2025, cuando una funcionaria judicial que prestaba servicios en la misma Cámara de San Isidro presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte. La acusación principal fue por acoso sexual y laboral, además de abuso de poder. Según la presentación, el magistrado le habría enviado mensajes y comunicaciones con comentarios sobre su aspecto físico, su vestimenta y propuestas de encuentros personales. La denunciante acompañó chats y audios como elementos de prueba.

Esa denuncia derivó en un sumario administrativo y en una investigación penal a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense, entonces a cargo de Julio Conte-Grand, presentó una denuncia formal ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento. Esa presentación constituyó el primer paso para el jury.

Posteriormente, el Colegio de Abogados de San Isidro sumó su propia denuncia, que quedó acumulada al expediente principal. La acusación del Ministerio Público Fiscal terminó por formular seis imputaciones concretas vinculadas al desempeño del magistrado.

El primer cargo se refiere a supuestas situaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres. El segundo apunta a malos tratos reiterados hacia empleados y funcionarios, con expresiones agraviantes, órdenes arbitrarias, descalificaciones y comportamientos autoritarios.

El tercer cargo alude a la presunta utilización indebida de recursos humanos y materiales del Poder Judicial en beneficio propio. El cuarto señala un trato irrespetuoso hacia superiores y el uso de referencias a su poder institucional para intimidar.

El quinto punto menciona presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones perjudiciales. Finalmente, el sexto cargo se vincula con una delegación irregular de la firma digital, considerada una violación manifiesta de la normativa vigente.

Con la decisión de apartamiento preventivo, el jury avanza sobre estas acusaciones que comenzaron con la denuncia por acoso sexual y laboral de una funcionaria judicial de San Isidro y se ampliaron a otras irregularidades en el ejercicio del cargo. El proceso deberá determinar ahora la responsabilidad del magistrado en cada uno de los puntos formulados.